Home

Noticias

Al borde del colapso

No hay comentarios noticias

Agencia de Noticias Univalle

Tomado de El País

Los gastos de universidades públicas han sido muy superiores a sus ingresos.

La Ley 30 de 1992 reglamentaria de la educación superior dio a las universidades públicas un respiro al garantizar que sus presupuestos fueran reajustados de acuerdo con el costo de vida. Se evitó así la forzosa negociación anual de sus presupuestos. Pero fue un alivio transitorio porque durante el cuarto de siglo siguiente los desarrollos tecnológicos, el aumento de estudiantes, la multiplicación de los posgrados, la preparación y remuneración del profesorado para garantizar una educación superior de alta calidad, hicieron que la canasta universitaria, por así decirlo, creciera mucho más que la canasta familiar, acumulando un déficit que hoy se calcula en 3.2 billones de pesos.

A pesar de esa grave carencia de recursos las universidades públicas han hecho un gran esfuerzo en la última década por mejorar la calidad, de modo que hoy 17 de las 32 universidades están acreditadas como de alta calidad; por ampliar la cobertura hasta llegar a cerca de 700.000 estudiantes; por aumentar y cualificar la planta docente; por hacer investigación comprometida con la solución de problemas nacionales; por fortalecer la infraestructura y renovar su base tecnológica.

La Reforma Tributaria de 2016, determinó que el 0,6 de 9 puntos porcentuales del Impuesto Complementario sobre las Rentas que reemplazó el Impuesto a la Renta para la Equidad, CREE (685 mil millones), más el 40% de medio punto del IVA social (400 mil millones), más 15% del gravamen a las cooperativas (140 mil millones) se destinarían a la financiación de la educación superior pública. Sin embargo, ese logro que fue producto de un largo proceso de negociación y que hubiera representado un importante alivio a las finanzas universitarias se frustró, pues por decisión del anterior gobierno, esos recursos fueron utilizados, para financiar el Programa Ser Pilo Paga y para cubrir el déficit del Icetex.

Lo que se está pidiendo en medio de una movilización nacional universitaria liderada por los rectores es que se cumpla la ley. Que los recursos que fueron legalmente destinados a la educación superior pública cumplan su objetivo y que los déficits del Icetex y del programa Ser Pilo Paga sean financiados con recursos de otras fuentes. Es necesario un presupuesto adicional para terminar el 2018, que se estima en 500.000 millones suma que deberá ser igualmente incorporada al presupuesto de 2019. Actualmente no hay un solo peso adicional para las universidades públicas dentro de las adiciones que se le han hecho al presupuesto nacional de 2019.

Por lo que respecta a la Universidad del Valle, ésta seguirá manteniendo un manejo prudente de sus finanzas, con las estrategias de control del gasto y e incremento de sus recursos propios, pero con el convencimiento que el grueso de la financiación de la universidad pública debe provenir del Estado, como lo exige la construcción de una sociedad más equitativa.

Edgar Varela Barrios
Rector de la Universidad del Valle