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“Cali, un proceso brutal y acelerado de empobrecimiento”

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Agencia de Noticias Univalle

En un diálogo con la periodista Cecilia Orozco Tascón del diario El Espectador, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Luis Carlos Castillo expuso algunos elementos para pensar la situación de orden público que atraviesa Cali.

Tomado de El Espectador

Charla con Luis Carlos Castillo Gómez, catedrático de la Universidad del Valle y doctorado en Sociología, para entender qué sucede en Cali que pasó de ser la “sucursal del cielo” y de la salsa, a una ciudad destrozada por el estallido de ira de sus habitantes, enfrentados unos contra otros, a palo y bala.

La respuesta estatal no puede ser la represión, afirma.

A raíz de los graves disturbios ocurridos en el país, algunos personajes sostienen que el vandalismo es un fenómeno “organizado” por unos conspiradores comunistas, izquierdistas y terroristas de Colombia y de otras naciones de América Latina ¿Esta interpretación puede tomarse como seria o cierta?

Ese es un enfoque que la sociología considera simplista como interpretación de las protestas y los estallidos sociales que tienen raíces – profundas y complejas – en la exclusión, la pobreza, la miseria y el conflicto político. También debe decirse que cualquier violencia debe ser rechazada, provenga de donde provenga. La destrucción de bienes públicos y privados y el ataque a miembros de la Policía son condenables. De igual manera, hay que rechazar los excesos de la fuerza pública.

Usted es profesor permanente de doctorado en sociología. En tal condición ¿ha conocido algún estudio, informe, investigación o encuesta que indique que la afirmación de que el vandalismo es una estrategia ideológica perversa, tiene fundamento documental?

Desde el punto de vista sociológico y de las Ciencias Sociales, no hay ningún soporte documental ni empírico que permita sustentar la hipótesis de que el fenómeno que está enfrentando Colombia, en la actualidad, se pueda explicar como una conspiración comunista o como un organización nacional o internacional de vándalos que estarían detrás de los hechos que han sacudido al país en las últimas semanas.

Los vándalos que destruyen los bienes públicos, tiran piedra a los uniformados y saquean en Cali, ¿responden a iguales motivaciones que los que protagonizan actos violentos en las calles de Bogotá, Pasto o Pereira o son diferentes en cada ciudad?

La expresión “vándalos” no me gusta precisamente porque simplifica la complejidad del fenómeno y trasmite la falsa idea de que el estallido social y las protestas en Colombia son el resultado de una suma de delincuentes y desadaptados sociales. En cuanto a su pregunta y en la medida en que el “vandalismo” es el término con que se define una expresión violenta de rabia, ira y descontento social, se puede afirmar que hay motivaciones similares en las diferentes ciudades del país. Ahora, insisto, la idea de que existe algo así como una organización nacional de “vándalos” financiados internacionalmente, es tan simplista como pretender explicar el bogotazo del 9 de abril de 1948 (magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y destrucción posterior de Bogotá en medio del levantamiento popular) por una conspiración comunista internacional de la época.

Pues hay quienes lo aseguran todavía, después de 73 años. Las personas que se identifican por su conducta destructiva después de las marchas pacíficas (“los vándalos”), son muy jóvenes. Desde la otra orilla de la teoría mencionada, ¿podría asegurarse, con algún grado de certeza, que cuando esos jóvenes atacan a los uniformados sin importar si estos los hieren o los matan, lo hacen porque los perciben como sus “enemigos”?

En las condiciones de exclusión, miseria y desempleo en que está sumidos miles de jóvenes de las barriadas populares de las concentraciones urbanas colombianas, – circunstancias que los arrojan en los brazos de la delincuencia para poder subsistir -, ellos pueden percibir a los policías como enemigos. Cuando la masa actúa, prima lo irracional y la idea de que alguno puede terminar preso o muerto, pasa a un segundo lugar.

Usted implica, entonces, que la respuesta del Estado no puede ser únicamente la de la represión violenta porque, del otro lado, solo se producirá un contraataque irracional ¿Cómo se desata, entonces, el nudo vandalismo-uso de la fuerza policial en medio de la necesidad de mantener el orden público?

Analizando lo que está sucediendo y, sobre todo, el número tan alto de enfrentamientos entre la fuerza pública y quienes están detrás de las barricadas (sobre cuyo número hay cifras aportadas por el propio Gobierno), ha quedado en evidencia la impericia y falta de profesionalismo de los agentes estatales para resolver las confrontaciones. Si tuviéramos unas fuerzas con mayor formación, no llegaríamos a los excesos que se han visto para restablecer el orden público, en democracia.

¿Los manifestantes pacíficos que marchan por intereses concretos, ¿deberían asumir o no les corresponde, el control de los actos vandálicos para impedir que sus justificados reclamos se pierdan en la discusión sobre el orden público?

Las grandes marchas colombianas como las del 28 de abril y las del 12 de mayo de 2021, han sido pacíficas. Regularmente, la logística de las manifestaciones pacíficas incluye algún tipo de dispositivos que los organizadores tratan de poner en práctica para que las marchas no terminen en actos de violencia. Sin embargo, en situaciones masivas y de desbordamiento de grandes contingentes de manifestantes, esos dispositivos no operan. Es cuando le corresponde a la fuerza pública resolver, reitero, en democracia, los excesos.

¿Por qué Cali ha sido la ciudad más golpeada del país por la violencia callejera? ¿Qué sucede en la capital vallecaucana que hace que sus condiciones sociales parezcan más críticas que las de otros centros urbanos?

Cali es el epicentro de la región metropolitana más importante del suroccidente de Colombia. De acuerdo con el censo de 2018, tiene 2 millones 228 mil habitantes, de los cuales más del 40% está en condiciones de pobreza monetaria -subsisten con 87 dólares mensuales- y del que, aproximadamente el 15%, está en condición de miseria, es decir, no tiene ingresos para comprar los alimentos. El DANE informó, el mes pasado, que la pobreza monetaria pasó del 35,7% de la población nacional en 2019, al 42% en el 2020, es decir, un aumento de 3,5 millones de personas que fueron arrojadas a las condiciones de pobreza de un año para otro. En Cali, este proceso brutal y acelerado de empobrecimiento se ha presentado con mayor crudeza; en enero de este año, la tasa de desempleo llegó a un máximo histórico del 19%. Desde hace varios años la ciudad ha sido receptora de miles de migrantes iletrados provenientes de la costa Pacífica y del sur del país, desplazados por el conflicto armado que el sector formal de la economía no ha podido absorber. Y, recientemente, han llegado contingentes importantes de venezolanos que huyen de su país por la crisis que se vive allá, y vienen a Cali porque, según dicen, la gente, aquí, es amable y los tratan bien.

El narcotráfico, ¿cuánto incide en el conflicto social de la ciudad?

Cali es el epicentro de la zona en donde existe el mayor número de hectáreas cultivadas de coca del mundo y en donde, después de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el presidente Santos y las Farc, se ha presentado la disputa sangrienta entre grupos armados ilegales por el control del territorio, de los cultivos de coca y de las rutas del narcotráfico. La ciudad ha sido el centro de siete “generaciones” de narcotraficantes según la tesis doctoral “Cultura y barbarie. Los avatares de la zaga del narcotráfico en Cali 1970 -2018”. La última generación de narcos conocida como “los gatilleros” (porque su única solución para cualquier conflicto es el uso de las armas), extiende sus tentáculos a las pandillas de jóvenes que se vinculan a sus actividades delictivas para subsistir. La mezcla de todas las características anteriores creó un coctel explosivo que estalló después de la gran manifestación del 28 de abril. Como se ve, es un fenómeno que abarca muchas más aristas que las del denominado vandalismo.

¿Ese “coctel explosivo” que tiene en el centro a los jóvenes de la capital vallecaucana, jóvenes que dentro de poco serán adultos, los llevará a ser, indefectiblemente, los futuros jefes de los nuevos carteles del narcotráfico?

No, si el Estado actúa con propósitos serios y constantes que se hagan realidad mediante programas que les brinden alimentos, salud, educación y empleo. En Colombia solo el 10% de los jóvenes pertenecientes al estrato 1, accede a la educación superior.

La yuxtaposición de otras expresiones de fuerza de una parte significativa de los habitantes de la ciudad, como la instalación de barricadas entre barrios, los bloqueos en casi todas las carreteras de acceso al departamento y los grupos de civiles armados y dispuestos a usarlas sin disimulo, pareciera configurar una “bomba social” sin remedio. O ¿hay alternativas?

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Haití. Tiene un índice Gini (coeficiente con que se calcula el desnivel de ingresos entre habitantes de un país) de 0,53 que muestra la profunda desigualdad social. La alternativa estructural consiste en redistribuir mejor la riqueza a través de políticas públicas que prioricen la intervención en la población empobrecida por la crisis económica que generó la pandemia. Mientras tanto, son necesarios planes, como dije antes, como renta mínima para los sectores empobrecidos, un amplio programa de empleo, opciones de acceso a la educación superior y técnica, entre otras medidas.

Como si algo faltara, Cali también es una ciudad polarizada por la confrontación política tradicional de partidos e ideologías ¿Esto contribuye y alimenta el clima de violencia?

Pareciera que la ciudad también está polarizada en cuanto al ejercicio político formal en el que el Acuerdo de Paz ha jugado un rol importante. Se espera que estos sectores sean sensatos y diriman las diferencias mediante el diálogo razonado y no acudiendo, como otros, a la violencia.

Pero eso ya pasó frente a los colectivos indígenas que se trasladaron del Cauca a Cali para participar en el paro y apoyar a los manifestantes, sobre todo a los jóvenes. Residentes de los barrios de clase alta denunciaron presuntos saqueos de los miembros de la minga, a sus casas. Y todo terminó en ataques armados de los pudientes contra los indígenas o al contrario. “Echar a los indios” fue una consigna que se oyó ¿Esta confrontación también es de corte racial?

Un dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, al que se le preguntó por qué la minga había llegado a Cali, contestó: “porque los jóvenes nos llamaron debido a que los estaban matando”. La expresión “minga” proviene de la palabra quechua min`k y, desde los tiempos coloniales, se refiere “a una reunión de gente invitada” para algún trabajo. En la institución del resguardo o del territorio comunal indígena, es la forma como la fuerza de trabajo participa, colectivamente, en la producción. Con la efervescencia del movimiento social indígena, su significado ha mutado y comenzado a designar las grandes marchas de los pueblos indígenas del sur de Colombia en las que participan niños, mujeres y hombres que exigen al Estado reconocimiento y redistribución. En medio de la protesta que ha convertido a Cali en su principal centro, la minga bloqueó algunos de los accesos a la ciudad. Como se sabe, esos bloqueos llevaron al desabastecimiento de alimentos, de medicamentos y de combustibles. Desesperados, sectores de la clase alta del sur de la ciudad, se enfrentaron con los indígenas.

No solo bloqueos. Se denunciaron presuntos saqueos. Pero esas denuncias, ¿fueron más que reales, una manifestación de clasismo y racismo?

Todo parece indicar que se presentaron ataques armados para “echar a los indios”, que no son de la ciudad. Ello es indicador de un racismo cultural difuso y del rechazo soterrado de sectores altos de la sociedad que creíamos desparecidos o por lo menos atenuados con la Constitución de 1991 que declaró que la riqueza de la nacionalidad está en la diversidad étnica y cultural. También se trata de la incomprensión sobre el hecho de que Cali es el centro de una amplia región metropolitana en donde viven indígenas y una población amplia de afrodescendientes. Los saqueos a las viviendas y conjuntos residenciales, son todavía, como usted lo resalta, “presuntos”.

¿Los caleños de clase alta se identifican como hombres y mujeres de raza blanca o para decirlo en términos más sorprendentes, como de “raza aria” superior al resto?

En todas sociedades las relaciones están atravesadas por el clasismo, sexismo, patriarcalismo, racismo y discriminación con base en el color de piel. Cali no es la excepción. El sentimiento de “blancura” ha estado muy presente en los sectores altos y de élite de la sociedad colombiana y de la sociedad caleña. Sin embargo, habría que realizar estudios más profundos que nos permitan identificar y confirmar elementos asociados con el sentimiento de “blancura” que, a su vez, implica la presencia de un racismo difuso y estructural.

¿Quiénes son los que han estado instalando y controlando las barricadas en que quedó dividida la ciudad?

Los que están detrás de las barricadas, aunque en su mayoría son jóvenes, son personas muy heterogéneas desde el punto de vista social: unos empobrecidos, algunos vinculados a la economía informal, otros, trabajadores de la construcción y del transporte pirata; unos más, con contacto con las milicias urbanas; otros son reincorporados y algunos son parte del lumpen. Parece confirmado que unos de ellos estaban cobrando “peaje” para pasar por los puntos de bloqueos, lo que generó, como era de esperarse, un rechazo de la población.

Ciertamente, circularon rumores en la capital del Valle del Cauca sobre los chicos que custodiaban las barricadas de los cuales se aseguró que: 1. Cobraban por permitir salir o entrar a los sectores divididos por el “peaje” 2.- Que los conspiradores nacionales e internacionales les pagaban para que permanecieran en los puntos cerrados, día y noche. 3.- Que eran jóvenes reclutados por narcoterroristas. De todo lo anterior, ¿qué es cierto y qué es falso?

Las barricadas o puntos de bloqueos internos en la ciudad son escenarios de acción inéditos en la historia de la ciudad de Cali; es decir, nunca antes se habían utilizado en su extensión ni impacto. Al parecer, siguiendo la experiencia de los jóvenes chilenos, los puntos de resistencia operan mediante cuatro líneas: la primera defiende físicamente el punto; la segunda se encarga del abastecimiento de alimentos; la tercera, del suministro de medicamentos y de la atención a los heridos que resultan de los enfrentamientos con la fuerza pública; y la cuarta, de comunicar en tiempo real lo que está sucediendo. Hasta el 13 de abril había en la ciudad 25 barricadas concentradas principalmente en el oriente y en la zona de ladera. En esos sectores se concentra la población pobre.

Pero entonces, ¿su respuesta indica que, por lo menos los activistas de las barricadas sí obedecen a una organización?

En realidad, no. Detrás de las barricadas hay jóvenes que son, como señalé, muy heterogéneos y, además, existe una configuración y reconfiguración de actores sociales algunos de los cuales protestan, espontáneamente, detrás de las barricadas. Es decir, los actores son difusos y así como existe la reconfiguración de identidades, también hay cambios en los liderazgos. Detrás de las barricadas lo que usted tiene es una gran diversidad de desempleados, sectores informales de trabajadores, jóvenes vinculados con la delincuencia. Y no se puede afirmar que todos pertenecen a una única organización que está detrás de la estrategia de las barricadas. En resumen, es otro fenómeno muy complejo.

“La Iglesia, mediadora con legitimidad en las barriadas pobres”

En una entrevista con W Radio, el arzobispo de Cali Darío Monsalve, afirmó, ante las objeciones a los bloqueos de carreteras, que aún siendo molestos para la ciudadanía constituyen casi la única manera que tienen los activistas del paro de hacerse oír ¿Cuál es su opinión sobre esa forma de protesta?

Desde el punto de vista de la acción colectiva y la contienda política, los actores sociales usan el bloqueo como uno de los repertorios de acción más eficaces, políticamente hablando. Sin embargo, el bloqueo es un mecanismo bumerán en el que, al usar la fuerza, se desgasta rápidamente, produce rechazo y se vuelve en contra del actor o de los actores que lo emplean. Esto es lo que ha venido sucediendo en la ciudad de Cali.

¿Cuál es su opinión, no sobre las opiniones del Arzobispo de Cali sino sobre el rol que él juega en la capital vallecaucana: ¿es un catalizador de tensiones, un polarizador o una voz que habla por los que no tienen voz?

Frente a la crisis social en Cali, el rol de la Iglesia es fundamental como mediadora de las partes en el conflicto urbano puesto que tiene gran legitimidad por su larga tradición de acompañamiento y uso de incentivos a las soluciones de los problemas que los jóvenes que enfrentan en las barriadas empobrecidas.

“Excluidos por su condición étnica”

¿El conflicto social que estalló violentamente en Cali, también tiene componentes étnicos?

Sí. Cali es una ciudad pluriétnica y multicultural en que el 26% de la población se reconoce como negra o afrocolombiana. Desde los tiempos coloniales también han vivido, aquí, indígenas cuya población se ha recuperado desde el punto de vista demográfico. Además del castellano, en Cali se hablan por lo menos cinco lenguas más. En las barricadas y en los puntos de resistencia, participan jóvenes y adultos afrocolombianos, en su mayoría del Distrito de Agua Blanca, una de las principales concentraciones de gente negra de Colombia que se encuentra sumida en profundas condiciones de pobreza.

Los afrodescendientes y los indígenas han sido siempre excluidos de los programas de desarrollo económico y social ¿Por qué?

Los afrodescendientes y los indígenas están, mayoritariamente, sumidos en la pobreza y en la exclusión. Esto se explica, por lo regular, por su condición étnica o por su color de piel. Los negros y los indígenas son pobres entre los pobres.