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La universidad pública, a la deriva

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Tomado de diario El Tiempo.

El programa Ser Pilo Paga genera un desequilibrio entre las universidades privadas y las públicas.

En 1803 se fundó la Universidad de Antioquia. Luego, en 1827, se creó la Universidad del Cauca. Cuarenta años después, en 1867, se fundó la Universidad Nacional. A partir de este momento, la educación superior fue un servicio público cultural que estuvo directamente ligado a la construcción de la nación.

La universidad pública es un patrimonio cultural que ha tenido como función principal formar a cientos de generaciones por el bien del país. Sin embargo, no obstante este legado, desde que comenzaron a soplar los vientos de privatización, las 32 universidades que hoy conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) se han visto amenazadas por los diferentes gobiernos y por nuestras élites, que en muchas ocasiones han abandonado el proyecto de construcción de nación y solo les interesan sus negocios.

La Ley 30 de 1992, que ampara a las universidades públicas, es clara en su 2.° artículo, al afirmar que “la educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”.

Parece ser que los gobiernos neoliberales de turno que se han sucedido desde los años noventa han venido distorsionando esta ley de la República con el único fin de darle un golpe de gracia al principal patrimonio educativo y cultural con que cuenta el país.

Pero al año de implementado el programa quedó claro que este no garantizaba ninguna equidad entre los jóvenes”

El caso más reciente que se produjo durante el gobierno de Santos fue la creación del programa Ser Pilo Paga (PSPP) por la exministra de Educación Gina Parody.

En apariencia, el PSPP iba a ayudar a los mejores estudiantes a través del pago de sus matrículas semestrales. Ser Pilo Paga hacía parte de la estrategia del Gobierno que se resumía en el eslogan ‘Paz, equidad, educación’.

Pero al año de implementado el programa quedó claro que este no garantizaba ninguna equidad entre los jóvenes, pues excluía de plano a los menos pilos, dejándolos por fuera del derecho que tienen todos los jóvenes, sin excepción, a la educación.

Con el agravante de que los estudiantes que accedían al PSPP preferían las universidades privadas, en tanto las pruebas de ingreso a las universidades estatales son más exigentes. Esto generó un desequilibrio entre las universidades privadas y las públicas, pues la gruesa bolsa de dinero del Gobierno, que se deriva de nuestros impuestos, fue a parar a las universidades privadas, desprotegiendo a las públicas.

Para tener claridad sobre este desequilibrio, basta decir que en un año, la Universidad de los Andes percibió por el Gobierno la suma de 52.000 millones de pesos, el equivalente al presupuesto anual de la Universidad del Quindío.

El Gobierno prefiere ahogar la universidad pública, que es económica y va a los estratos más bajos de la sociedad, y prefiere comprar la educación más cara del mundo.

Según Édgar Varela, rector de la Universidad del Valle, el PSPP tiene proyectados, para 40.000 estudiantes, un costo equivalente al total de transferencias que la nación les entrega a las universidades públicas en un año.

A esta situación asfixiante de las universidades públicas se suman el recorte al presupuesto de un 41,5 por ciento a ciencia y tecnología y la desviación de los recursos al Icetex de la reforma tributaria que por ley estaban destinados a las universidades públicas.

La educación superior es un derecho de los jóvenes que está consignado en la Constitución. No se trata de crear falsos antagonismos entre lo público y lo privado. El Sistema Universitario Estatal (Sue), que cuenta con una tradición bicentenaria, debe protegerse, pues allí se educan la mayoría de nuestros jóvenes de bajos recursos económicos.

Fuente: Agencia de Noticias Univalle