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Las medidas de ‘Discriminación positiva’ en Univalle

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Para el semestre febrero – junio de 2018, un grupo de dos mil 71 estudiantes matriculados que aplicaron a condiciones de excepción en la Universidad del Valle. De ese grupo, mil 343 pertenecen a comunidades afrodescendientes y 728 son indígenas.

Tan sólo el año pasado la universidad, tanto en Cali como en sus sedes regionales, tuvo 519 estudiantes en primer semestre admitidos bajo condiciones de excepción, de los cuales 312 son afro y 207 indígenas.

Esas fueron algunas de las cifras presentadas por el vicerrector administrativo Luis Carlos Castillo Gómez, en la ponencia “Las medidas de discriminación positiva en la Universidad del Valle: balance y perspectiva”.

Esta ponencia hizo parte del “Seminario Nacional sobre Género, Abuso Sexual y Derecho a la Diversidad”, organizan la Escuela de Estudios Literarios, con el apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad y se realiza del 5 al 9 de marzo.

El profesor Castillo Gómez explicó que estas cifras son gracias a medidas adoptadas por la institución, consideradas por académicos y expertos como ‘discriminación positiva’, un término que alude a políticas públicas y medidas que se dedican a paliar las desigualdades producidas históricamente, orientadas a minorías y grupos específicos que han sido objeto de discriminación.

Estas medidas pueden ser de compensación (como otorgar cuotas en empleo o cupos para el ingreso a la educación superior), redistribución (establecer diferencias en el pago de impuestos) o simbólicas (como la inclusión en los currículos de asignaturas sobre historia de los grupos discriminados).

Experiencias significativas de discriminación positiva se han dado en países como Sudáfrica donde, con la llegada al poder de Nelson Mandela, se orientaron al mercado laboral y el acceso a la educación. En el contexto Latinoamericano, Brasil es pionero en implementar medidas de discriminación positiva, lo que ha generado una de las experiencias que han nutrido la puesta en práctica de estas medidas en Colombia.

El vicerrector administrativo explicó que a partir de la Constitución Política de 1991 el país hizo el tránsito de ser una nación mestiza al concepto de nación pluriétnica y multicultural. Así mismo, en esta carta magna se fundamenta el respeto y fomento a la diversidad.

En la Constitución del 91 se introdujo el concepto de comunidad negra, fundamental para las medidas de discriminación positiva. Esto fue resultado del movimiento social de indígenas y afrocolombianos que apelaron a la diferencia étnica y cultural para la construcción de nación.

En años posteriores, explicó el profesor Castillo Gómez, se produjo una profusa normatividad (como la Ley 70 de 1993) que permitió que las universidades aplicaran medidas de discriminación positiva.

Desde 1992, la Universidad del Valle ha promovido este tipo de medidas. A través de la Resolución 006 de 1992 buscó que los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas estuvieran exentos del pago de la matrícula financiera y solo pagaran el 50% de los derechos especiales. Entre 1992 y 1998, la institución promulgó múltiples resoluciones que permitieron que los miembros de estas comunidades tuvieran el 2% de los cupos de programas de pregrado.

A través de la Resolución 081 de 1998 se otorgó el 4% de los cupos de pregrado para estudiantes indígenas y el 2% para reinsertados.

Por medio de la Resolución 097 de 2003, Univalle creó la condición de excepción para comunidades negras con el 4% de los cupos de programas de pregrado. En 2013, con la Resolución 045, se reglamentaron todas las condiciones de excepción: indígenas, afros, mejores bachilleres, desplazados y aspirantes provenientes de municipios con problemas de orden público. Y por último, con la Resolución 106 de 2017 se creó la condición de excepción para excombatientes de las FARC y para víctimas del conflicto.

Estas normas han permitido que haya más de 1000 egresados pertenecientes a comunidades afro y más de 300 de comunidades indígenas.

El vicerrector Castillo Gómez señaló que entre los retos que debe asumir la institución se encuentran seguir trabajando para disminuir las cifras de deserción estudiantil, fortalecer la oficina de asuntos étnicos y establecer condiciones de excepción para posgrado, entre otras.

El profesor Castillo Gómez es sociólogo de la Universidad del Valle, mágíster y Doctor en Estudios Iberoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid. Ganador de premio a la mejor tesis doctoral y tesis laureada. Fue rector (E) de la Universidad del Valle, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; ex director de la Oficina de Planeación de la Universidad, durante siete años; director de la Unidad de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación y ex director del Corpes de la Amazonia. También fue promotor del doctorado en sociología y director del Centro de Investigación y Desarrollo Socioeconómico -CIDSE de la Universidad; director de la Maestría en Sociología y el programa Académico de Sociología.

Agencia de Noticias Univalle