Después de varios años de ocupar los últimos lugares a nivel nacional en riesgo de corrupción, el Valle del Cauca ostenta hoy el quinto puesto en el Ranking del Índice de Transparencia Departamental en Colombia con una calificación del 74.4. Así lo dio a conocer el secretario Jurídico de la Gobernación, Javier Fernández tras resaltar que esta medición del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas fue realizada por la Corporación Transparencia por Colombia que estableció los riesgos de corrupción administrativa y los niveles de transparencia de 28 ciudades capitales, 13 municipios, 32 gobernaciones y 32 contralorías municipales.
El ITEP califica el riesgo de corrupción de cada entidad entre 0 y 100 puntos. Las calificaciones más cercanas a 100 señalan un menor riesgo de corrupción en la gestión administrativa y las calificaciones más cercanas a 0 indican mayor riesgo. Gracias a esta evaluación se puede establecer una comparación del nivel de transparencia y riesgo de corrupción entre entidades. El documento metodológico del ITD 2013-2014, describe de manera detallada los objetivos de la medición, las fuentes de información y la metodología de cálculo.
Uno de los aspectos que se mide es la visibilidad, en ese sentido, el Valle del Cauca es uno de los Departamentos que tiene disponibilidad de informes de PQRs y cuenta con una política de transparencia publicada en su sitio web. Otro aspecto es la institucionalidad donde el Valle del Cauca fue el único Departamento que publicó, en el año 2013, un proceso de selección meritocrática para vincular un cargo de libre nombramiento y remoción.
En el aspecto de control y sanción, el Valle del Cauca es uno de los Departamentos que cuenta con una metodología de protección al denunciante.
De acuerdo con Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, el Estado está obligado a anticiparse a la acción de los corruptos. Estos resultados corresponden a la publicación Índice de Transparencia Departamental Gobernaciones y Contralorías, período 2013-2014 y cuenta con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.