Me dirijo ante los Medios de Comunicación, en calidad de Jefe de Oficina Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres, y Coordinador Departamental de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo (ley 1523 de 2012, Articulo 13) como delegado del Gobernador, a fin de velar por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. Así mismo estamos a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios del departamento. Y frente a esta ley usted es parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Art 8 N° 1° de la misma ley).
Ante los riesgos de desastre que corre la naturaleza como se observó durante el mes de mayo y junio con el recrudecimiento de las confrontaciones armadas, recibimos con ilusión las reanudaciones de los diálogos en la Habana. La CVC y su director Dr. Rubén Darío Materon, expidió un comunicado a principios del mes de julio rechazando los ataques y daños a los recursos Naturales, nos identificamos con ese pronunciamiento y oportunamente estuvimos participando de un acto – plantón de repudio por los daños causados a las aguas.
Sacar a la naturaleza del conflicto, para evitar la continuidad de la destrucción de los recursos naturales. El protocolo II de Ginebra trata de evitar los daños al medio ambiente normando que los combatientes deben abstenerse de atacar la naturaleza. El Derecho Internacional Humanitario en su desarrollo previó ésta situación: los conflictos internos deben humanizarse porque además de acabar con sectores de la población civil, menoscaban el entorno, y por ende la calidad de vida.
La violencia tiene dentro de sus clasificaciones una denominación apropiada para entender el daño causado: la violencia indirecta. Mario Stoppino, profesor italiano de la Universidad de Pavía, escribió que la violencia es indirecta cuando actúa a través de la alteración del ambiente físico en que la víctima se encuentra, o a través de la destrucción, el daño o la sustracción de recursos materiales. En ambos casos el resultado es el mismo: una modificación dañosa del estado físico del individuo o del grupo que es el blanco de la acción violenta.
La violencia directa dirigida a persona o grupos atenta contra el derecho a la vida y la integridad física; produce un efecto inmediato, objetivo y contundente: muerte, masacres, o desplazamientos. La violencia indirecta produce daños en el entorno, desolación, impotabilidad del agua, erosión o infertilidad de los suelos: la fauna y la flora son menoscabadas.
La calidad de vida disminuye al final, también genera desplazamientos. La voladura de un oleoducto aunque no produzca una sola víctima en el acto, con el paso de los días el medio ambiente alterado impide la explotación de la tierra, el riego se hace imposible, los cultivos se pierden, las aguas que van a los acueductos se contaminan y las enfermedades se propalan. Las víctimas portan efectos posteriores, teratogénicos.
Por ejemplo, durante los primeros seis meses de 1998 se registraron 36 actos de terrorismo ecológico contra oleoductos en Colombia, 126.000 barriles fueron derramados. Los costos de reparación medioambiental y de reposición de tuberías en ese lapso ascendieron a 40.000 millones de pesos. Hasta esa fecha se estimó que durante 12 años del conflicto colombiano con voladuras estas habían afectado unas 6.000 hectáreas de terrenos cultivables, 2500 kilómetros de ríos y 1.600 hectáreas de humedales. Sumando14 años de voladuras los derrames ascienden a un millón seiscientos mil barriles de petróleo. La inversión en descontaminación se eleva a 26 millones de dólares, estas son cifras parciales. En junio de 2015 la voladura del oleoducto del Pacifico afecto el Rio Mira y dejó sin servicio el acueducto de Tumaco.
La guerrilla al protagonizar las voladuras de oleoductos ejecuta terrorismo ecológico, pues las reacciones y consecuencias afectan la cadena alimenticia, alterando la biodiversidad. Y los sucesivos gobiernos al continuar con los programas de fumigación con glifosato o tebutiurón, ejecutan terror ecológico. El terrorismo ecológico es un exceso de la violencia de grupos, y el terror ecológico un exceso de la fuerza pública para luchar contra actores armados extralegales: ambos dañan la naturaleza. Por esta razón la etapa de desescalamiento hasta noviembre de 2015 es necesaria.
Los cultivos ilícitos no han desaparecido en Colombia, se vienen reproduciendo. La coca y la amapola están extendiéndose, entre más fumigación más ilicitud porque los cultivadores buscan otras áreas. Los bosques han perdido su estabilidad en muchos años de guerra química. Cada cuatro años los cultivos ilícitos crecen el 300%. La sustitución de cultivos es la solución, previa concertación con los sectores campesinos. Finalmente, si imponen el hongo fusarium para combatir la hoja de coca, el desastre ecológico continuaría.
Desescalamiento del conflicto
El nuevo anuncio de desescalamiento del conflicto colombiano, oficialmente comunicado por el Presidente Santos el domingo 12 de julio 2015, tiene otras características al anuncio de noviembre 2014 que se inició en diciembre de ese año. Ahora las FARC expresan que será por un mes y dependiendo de los ataques de la fuerza pública, así podrán ir prolongándolo; el Gobierno le coloca un plazo a la terminación de las negociaciones, cuatro meses, para agilizar la agenda en la Habana. Y anuncia que tomará medidas de desescalamiento pero que no dejará de ejercer la fuerza del Estado. La lectura inmediata que produce este cruce de expresiones es: Las dos partes quedaron chasqueadas con los ataques desde abril, el escalamiento, las hostilidades, los bombardeos, el terrorismo ambiental, el sabotaje, la afectación a la población civil, etc. Las dos partes se convencieron que no deberían seguir infringiéndose golpes, que si bien es cierto tenían capacidad de ataque, también había respuesta, y que el proceso de paz se iba a desbaratar irremediablemente.
También quedó claro que Gobierno y Guerrilla entraran en una etapa que con actos de desescalamiento en la práctica se inicia un cese bilateral del fuego. Ninguno va a tolerar en demasía ataques desproporcionados.
El 25 de noviembre del 2014 dentro de una conferencia que dicté en la Cumbre por la Paz de la Universidad Libre, expuse sobre esta temática que, se necesitaba confeccionar una tabla de elementos constitutivos del desescalamiento, entre ellos, los ceses unilaterales, el mismo cese bilateral, el desminado, la no conscripción de menores, la disminución del lenguaje agresivo de funcionarios de resonancia, de los mismos organismos de control, lenguaje agresivo que mueve los ánimos en contrario y cambia la tesitura de los que están en la mesa de conversaciones, porque los alteran con ataques personales y descalificaciones, y entre otros aspectos el comportamiento de los mismos medios de comunicación con enfoques errados o volviendo un espectáculo lo que está sucediendo.
Y la forma de asegurarse el funcionamiento de 4 meses acercándose más en la mesa y otros escenarios hasta el 20 de noviembre, es con la intervención internacional de la ONU y de UNASUR. Los dos organismos internacionales enviaran delegados a la subcomisión que opera como parte de la mesa de negociación. Un delegado del Secretario General de la ONU y un delegado de la presidencia de UNASUR, el uruguayo, José Bayardi. La Unión Europea (UE) después del viaje del residente Santos en junio 2015, también aprobó la presencia de un enviado especial; EEUU tiene al Sr Aronson y Alemania a Tom Koenigs. Podría hablarse de otra vuelta de tuerca a la internacionalización del conflicto colombiano o de la atención que los organismos multilaterales le prestan a esta negociación en la fase final irreversible, para evitar la fase agónica en la que había caído por el recrudecimiento de las confrontaciones.
En todo caso vamos a observar una etapa novedosa dentro del conflicto nacional con veeduría internacional, monitoreos y comprobaciones; sin estar normadas en el derecho internacional las formas de desescalamiento, ni siendo obligatorio. Todo se hará de manera consensuada para ganar confianza y volver a reanudar los puntos de los acuerdos. Una forma práctica es poner a funcionar las reglas del derecho de gentes y del derecho de guerra, ambos constituyen el DIH, pues cumplirlo les facilitaría el menú del desescalamiento y humanizaría la confrontación porque ni la regla más elemental la cumple: los enfrenamientos deben ser solo entre combatientes. Están afectando a la población civil: con los bombardeos estatales, de un lado; y con el terrorismo indiscriminado y ecológico, del otro lado.
La prueba de que el cese al fuego sirvió fueron los casi 5 meses iniciales del año 2015, disminuyeron los ataques y los daños en un 85%, y la ciudadanía había vuelto a creer. Al romperse el desescalamiento por los hechos sangrientos de Buenos Aires (Cauca), y la respuesta con bombardeos aplicados a un campamento en Guapí, más otros bombardeos, con la consiguiente racha de ataques a punta de terrorismo indiscriminado, sabotajes y terrorismo ecológico, se alteró la confianza nacional.
Fuente: Comunicaciones Gobernación